Desde hace ya mucho tiempo la humanidad es consciente del fenómeno de la globalización y sus efectos. Las consecuencias de la globalización en todas sus manifestaciones, como todo en la vida, las tendremos algunas por deseables y otras por todo lo contrario; aunque por supuesto las preferencias irán por barrios: las que a unos les parecen buenas a otros las sentirán como detestables.
Independientemente de la descripción del fenómeno globalización, lo que sí ya hemos aprendido de la misma es que un acto, del tipo que sea y de cualquier ente, tiene, y de forma inmediata, consecuencias en el resto del mundo. Una cosa así parecida al efecto mariposa. Lo sorprendente en nuestro mundo es la rápidez de transmisión de sus efectos. Por eso no es de extrañar que todas las corporaciones, grandes o pequeñas, analicen de forma global, las posibles consecuencias de sus actuaciones. Mal futuro les deparará a aquellas que no sopesen y prevean, a nivel global, los diferentes y posibles resultados de sus decisiones. Si solo lo hacen a nivel local puede que los lleve al fracaso más absoluto, simplemente por no haber previsto las consecuencias indeseadas al no haber mirado más allá de sus propios ombligos.
Esto ocurre en todos los aspectos de la vida; mientras más grande sea la corporación de la que dimane el acto, mayor trascendencia tendrán sus consecuencias, y por ende mayor será la responsabilidad de analizar las mismas de forma más sesuda.
En España, como miembro de la UE, sabemos desde hace tiempo, que cualquier actuación que regule algún tema debe estar consensuada y basada en el Ordenamiento Jurídico de la UE. Es verdad que hay muchos campos normativos en la que la propia UE solo marca directrices a los Estados miembros, en cambio en otros, la UE asume la totalidad de las competencias y de esta forma la legislación es única para todos. Harina de otro costal será su interpretación. Estamos de acuerdo que la uniformidad y armonización legislativa normalmente es muy deseable, porque intenta evitar efectos que atenten contra la equidad y la igualdad de todos los ciudadanos dentro de la UE. En España, desgraciadamente, conocemos muy bien los efectos discriminadores y no queridos que, en muchos campos, suponen las distintas normativas de las distintas Comunidades Autónomas; una muy en boga y de actualidad es, entre otras muchas, la fiscalidad. Pues bien, de la misma forma esto ocurre en la UE. Cualquier normativa no armonizada que se le ocurra promulgar a uno solo de sus Estados miembro es una apuesta arriesgada con consecuencias inmediatas y, muchas de ellas, seguramente no deseadas.
Uno de los campos más sensibles a este tipo de regulaciones son las que afectan al comercio, y ya no digamos si al comercio al que nos referimos es el comercio exterior o internacional. Cualquier medida dirigida exclusivamente al comercio nacional irremediablemente tendrá consecuencias en el comercio exterior. Por ello cualquier traba al comercio debe tomarse de forma armonizada dentro de la UE porque de lo contrario, el hecho de tomarse en uno o varios de sus Estados, pero no en todos, puede provocar inmediatamente el cambio en los flujos del comercio, ya dentro de la UE o ya fuera de ella. Es obvio que cualquier empresario va a preferir hacer negocios en aquel lugar donde menos trabas le pongan y si en un Estado miembro le es menos gravoso que en otro terminará yéndose al primero de forma irremediable.
En España en este último año han entrado en vigor, de forma no armonizada con el resto de los países UE, varias normativas que pueden provocar el desvío de tráficos comerciales con consecuencias económicas desastrosas. Y todo en aras del dudoso honor o prurito de ser los más verdes del planeta. Este año han entrado en vigor los mal llamados impuestos ecológicos: el impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero (a partir del 1 de septiembre de 2022), el Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables (a partir de 1 de enero de 2023). Ninguno armonizado con el resto de la UE. Pero es que para colmo también han implantado controles a las importaciones de cualquier aparato eléctrico o electrónico en base a controlar sus residuos. Tampoco estos controles están armonizados con el resto de la UE, por lo que no hay que ser un genio para concluir que, si en España este control se lleva a cabo y en otro país de la UE no, o este tipo de control es mucho más relajado, las importaciones se terminarán canalizando por éste último, desviando de esta forma el tráfico y el flujo de mercancías fuera de España.
Decía un amigo: “me mosquea mucho cuando me dicen que buena persona soy. Me están diciendo en realidad bobo”. Pues igual; está muy bien lo de ser verde pero no seamos bobos, no sirve de nada ser verde si el de al lado no lo es.
